Por: Omar J. Agudelo Suárez,
director del Centro de Estudios para la Prevención de Desastres - Universidad Nacional de Colombia
Deterioro ambiental, migración forzada, pobreza y malos usos del suelo son algunos de los factores que aumentan la vulnerabilidad frente a desastres naturales como el ocurrido en Salgar, Antioquia. La avenida torrencial ya había sucedido en este municipio, sin embargo no se ha aprendido la lección.
El impacto de los desastres generados por eventos naturales peligrosos en el planeta produjo entre el 2000 y el 2012 pérdidas materiales por 1,7 billones de dólares, 2.900 millones de personas afectadas y 1,2 millones de personas muertas.
Aunque el tiempo transcurre y se hacen esfuerzos normativos e institucionales, las pérdidas de vidas humanas y los efectos socioeconómicos causados por fenómenos naturales o antrópicos (tienen origen en la intervención humana) siguen aumentando en nuestros países. Estos hechos provocan impactos negativos en las dinámicas del desarrollo así como interrogantes permanentes en los habitantes, sobre las políticas de participación, protección, seguridad ciudadana y responsabilidad social.
Factores como el deterioro ambiental, la deforestación, la urbanización no planificada, la inequidad en la distribución de la riqueza, los malos usos del suelo, la acelerada industrialización, la reducida representación del sector agrícola en la producción nacional, el alto porcentaje de pobreza y la migración forzada por el conflicto armado interno, desde las poblaciones rurales a las ciudades y a municipios más grandes en busca de seguridad y mejores oportunidades, han aumentado la fragilidad y la exposición de los habitantes al amplio espectro de eventos amenazantes y a la posibilidad de ser impactados por los mismos.
Todo lo anterior genera una limitación para asimilar o resistir a dichos fenómenos, lo que nos hace vulnerables y poco resilientes, al perder nuestra capacidad de memorizar y aprender de eventos similares, y de generar estrategias y acciones de recuperación cuando estos se manifiestan. Es aquí donde, por la convergencia de una amenaza manifiesta y de unas condiciones de vulnerabilidad en un mismo momento y lugar, se produce el desastre.
Amenazas recurrentes
Lo sucedido en Salgar (Antioquia), con las dolorosas pérdidas de tantas vidas humanas, las desapariciones, los inmensos daños socioeconómicos, culturales y de infraestructura, obliga al país político, institucional y comunitario a reflexionar al respecto.
Primero, hay que recordar que las amenazas más recurrentes en el país son las inundaciones, que suelen afectar a más de la cuarta parte del territorio nacional (28 %). Los movimientos en masa (deslizamientos, desprendimientos, volcamientos, derrumbes) representan un riesgo para el 8 %, seguidos por la amenaza sísmica alta, que afecta a más de la tercera parte del territorio.
En segunda medida, el evento de tipo “avenida torrencial”, popularmente conocido como avalancha, ya se había presentado en varias ocasiones en el municipio. Finalmente, según lo informado, la posibilidad de dicho evento hacía parte del perfil de amenazas contemplado en el plan de ordenamiento territorial y posiblemente en el de emergencia.
Es aquí donde creemos que se forma el cuello de botella. Con todo esto, ¿habían sido aprovechados los antecedentes para transmitir la información a la comunidad o para promover su participación organizada en las decisiones que competen en derechos y deberes a su protección y seguridad ciudadanas y al manejo sustentable de su entorno?
La innovación en la nueva Ley 1523 de 2012, que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, es el apoyo sobre el trípode: conocimiento del riesgo, reducción del mismo y manejo del desastre.
¿Están conscientes todos los actores de dicho sistema a nivel nacional, regional y departamental, de la urgente necesidad de fortalecer la capacidad de los gobiernos locales y de sistematizar la valiosa información de factores de vulnerabilidad y amenazas en su territorio para actuar en previsión y anticipación y promover una descentralización administrativa que fortalezca lo local con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, como estructura base planificadora e intersectorial que asuma el riesgo no como un evento peligroso sino como un proceso que abarca desde la previsión hasta la recuperación posterior a un desastre?
Esta es la información que requiere un dirigente para la verdadera gobernanza y no solo la dolorosa “chiva” susurrada a posteriori, con el número de víctimas, desaparecidos y casas destruidas.
No solo hemos sido testigos de una afectación física, económica y humanitaria por el desbordamiento torrencial de una quebrada, sino que estamos sintiendo que el impacto va más allá: dolorosa orfandad; afectación familiar, parental y cultural; así como ruptura de interdependencias, flujos, tejidos y redes horizontales que las comunidades establecen y que las localidades requieren para garantizar su funcionalidad y desarrollo.
Además de todas estas consecuencias, se afectó y se está perdiendo una nueva concepción de la estructura de lo local: el territorio. Este, sin duda, será el nuevo eslabón para asumir la gestión integral del riesgo. Su reconocimiento es fundamental para redefinir el territorio, realzar la importancia y las especificidades de cada municipio, atender a tiempo los primerísimos síntomas de su interrupción y evitar la posible y peligrosa “estratificación” de municipios entre importantes y menos importantes.
Círculo vicioso
El planeta y la región están ante evidentes manifestaciones del cambio climático, que se hará sentir tanto por los efectos de eventos hidrometeorológicos cada vez más extremos, como por el deterioro medioambiental. De esta manera tiene lugar un círculo vicioso en el que la degradación ambiental cogenera calentamiento global y cambio climático, el cual, a su vez se encarga de agravar el desequilibrio ecológico.
Desde la década de los 70 hasta hoy, se ha cuadruplicado el número de desastres por eventos naturales. Esto quiere decir que estamos exponiendo un mayor número de ciudades, pueblos y habitantes, quienes se encuentran, por los distintos factores ya enunciados, limitados en su capacidad de asimilación, adaptación, resistencia y recuperación, lo cual representa una situación de vulnerabilidad.
La adaptación para mitigar el impacto de los eventos peligrosos es uno de los elementos fundamentales, especialmente en los países más pobres; y el desarrollo, como parte estructural de la gestión del riesgo, es crucial para dicha adaptación.
Hace rato quedó en evidencia el vínculo absoluto entre desastres y problemas no resueltos por el desarrollo. Unas políticas bien enfocadas serán la garantía de una mejora profunda en la seguridad y protección ciudadanas, el bienestar, la calidad de vida y, por lo tanto, la mitigación entendida como disminución de la vulnerabilidad y garantía de una mayor resiliencia.
La pobreza reduce la capacidad de adaptación y amplifica las dimensiones del impacto. Es esto lo que hemos visto materializarse en el municipio de Salgar y en tantos otros afectados por el amplísimo espectro de eventos peligrosos naturales y antrópicos que de manera recurrente se manifiestan en muchos de nuestros territorios.
El país necesita salir de la tendencia a la intervención relacionada solo con las consecuencias inmediatas de un impacto, para empezar a entender el riesgo como un proceso. El desastre es un resultado y cuando se presenta es, tristemente, un hecho cumplido, mientras que el riesgo debe ser asumido como una condición potencial existente, identificable, anticipable y modificable.
Edición: UN Periódico Impreso No. 189
